Las eléctricas habían recorrido el real decreto de abril de 2014 por el cual se creaba el precio de venta al pequeño consumidor (PVPC) al que tenían que suministrar estas comercializadoras a los pequeños consumidores (los que tienen potencias inferiores a los 10 kW) porque el margen comercial se había fijado arbitrariamente y su cálculo no respondía a una metodología elaborada por la CNMC. Concretamente, cuatro euros al año por kW de potencia contratada, por lo cual un usuario con 3,3 kW ha pagado hasta ahora, 17,6 euros anuales.
Aunque el real decreto publicado el viernes no desvela el coste del nuevo margen comercial de estas empresas (el ministerio lo incluirá en una futura orden ministerial), sí se sabe que es superior al actual, aunque más cerca de los 4,2 euros propuestos por Guindos mientras ocupó el cargo de ministro de Industria en funciones, que de los 5,7 euros calculados por la CNMC. Y, tal como aseguró el Gobierno la semana pasada las empresas podrán refacturar la diferencia desde 2014 a los 15 millones de clientes afectados, de los cuales, unos tres millones se han pasado al liberalizado.
La mayor de las compañías del sector, Endesa, se estaría planteando no refacturar la luz a sus clientes, según fuentes empresariales. Por varios motivos: porque las cantidades son tan reducidas que quizás no compense el trámite del cobro pues requiere cambios en el sistema informático y porque muchos de estos clientes han pasado al mercado libre y, aunque la norma le permite cobrarlos, aquellos podrían no pagar alegando que ya no es su comercializadora y la reclamación resultaría imposible. El usuario mediano con 3,3 kW de potencia, pagaría 60 céntimos al año o 1,5 euros desde 2014.
En otras compañías del sector reconocen también estar analizando el coste-beneficio de la refacturación antes de decidir si lo aplicarán o no. Otro coste sería lo derivado de gestionar las reclamaciones. La duda se vaciará cuando se conozca la orden ministerial que fijará los procedimientos.
Y aunque en el sector, que no atraviesa su mejor momento desde el punto de vista reputacional, se alude también al coste de imagen, bien es verdad que los abogados de las empresas están preparando ya recurso contra el real decreto del viernes y la correspondiente orden ministerial al considerar que Energía ha hecho caso omiso de la propuesta de la CNMC. De hecho, en Iberdrola dicen estar preparados tanto por refacturar, si procede, como para dar batalla legal una vez se conozcan los detalles de la orden, indican fuentes del sector.
La CNMC tiene la potestad legal para elaborar las metodologías de cálculo de los precios regulados. Lo cual indica que las empresas saben o sospechan que el margen aprobado por Energía, todavía sin desvelar, no es lo calculado por la Comisión, sino el propuesto por Guindos. El sistema registró un superávit de 469 millones en 2015.
